Rosario Espinal

LA DIFICIL CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA:
REFLEXIONES SOBRE REPUBLICA DOMINICANA Y CUBA

Rosario Espinal
Profesora de Sociología y
Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos
Temple University, Filadelfia
espinal@temple.edu

CONFERENCIA PRESENTADA EN EL FORO CÍVICO SOBRE TRANSICIONES
DEMOCRÁTICAS, 11 MARZO 2004
(Fuente: http://memoria.fiu.edu/memoria/documents/espinal.pdf)

La transición democrática que se produjo en la República Dominicana en 1978 inició la
ola de aperturas políticas que se expandió por América Latina durante los años ochenta.
Fue una transición poco notada en el contexto latinoamericano, porque a diferencia de las
otras transiciones democráticas de América Latina, la dominicana se produjo desde un
gobierno civil autoritario (el de los 12 años de Joaquín Balaguer, 1966-1978), no una
dictadura militar. A pesar de la escasa atención que recibió la transición dominicana de
1978, vale la pena resaltar en el contexto actual de precariedad democrática que
caracteriza muchos países de América Latina, que la República Domincana registra la
democracia más antigua de la última ola de aperturas democráticas en la región. A pesar
de sus notorias limitaciones, la democracia dominicana se ha mantenido vigente por 25
años, pero actualmente, al igual que otras democracias latinoamericanas, enfrenta riesgos
de fuerte desgaste y crisis sistémica.
El propósito de este artículo es analizar los avances y retrocesos de la democracia
dominicana en los últimos 25 años, y los riesgos que enfrenta en la actualidad. Con este
objetivo, se abordan tres temas centrales: 1) los factores que facilitaron la transición
democrática de 1978, 2) las principales conquistas y los principales obstáculos en el
proceso de democratización, y 3) la coyuntura actual de crisis económica e institucional,
el desencanto político, y su posible impacto en la vigencia del régimen democrático. Al
final se presentan algunas breves reflexiones sobre el proceso político dominicano y
cubano a partir de 1960.
Factores que facilitaron la transición democrática dominicana
Después de la caída de la dictadura de Trujillo en 1961, la República Dominicana no
experimentó otra dictadura militar, a pesar de la inestabilidad política que caracterizó la
primera mitad de los años 60, incluída una corta guerra civil y una ocupación de Estados
Unidos. El gobierno de los 12 años de Balaguer que se inició en 1966 combinó
elementos claramente autoritarios con otros facilitadores de una futura transición
democrática, y no fue hasta 1978 que la República Dominicana pudo realizar elecciones
competitivas que llevaron a una transición de mando. Los elementos autoritarios del
gobierno de los 12 años de Balaguer incluyeron el uso de la represión política como
mecanismo importante de control social, sobre todo, contra la izquierda, los sindicatos, y
otros grupos disidentes; la austeridad salarial impuesta de manera prolongada por el
gobierno de Balaguer desde 1966; la personalización del poder y la concentración de la
toma de decisiones políticas en el Presidente; las excesivas cuotas de poder político y
económico que tenían los militares; la nulidad práctica del poder legislativo; la
subordinación del poder judicial al ejecutivo; y las irregularidades electorales que le
aseguraron la reelección a Balaguer en 1970 y 1974. Estos elementos constituyeron
retranques importantes para la democratización tanto en el gobierno de los 12 años de
Balaguer como después de la transición de 1978. Los elementos facilitadores de la
transición democrática fueron: la permanencia de la estructura formal del Estado
(Balaguer no clausuró ninguno de los poderes públicos); la tolerancia de la oposición
política menos radicalizada; la política económica de incentivos al desarrollo del
empresariado privado, lo cual facilitó no sólo el desarrollo de una nueva clase
empresarial, sino también la expansión de las capas medias; la subordinación del poder
militar al poder civil de Balaguer; y las condiciones internacionales, particularmente, la
mayor presencia de la social democracia en América Latina y los inicios de una política
de apoyo a los derechos humanos durante la administración del Presidente Jimmy Carter
en los Estados Unidos.
Entre 1966 y 1975, dominaron los elementos autoritarios del balaguerismo en un
contexto internacional de Guerra Fría. Pero a partir de 1976, el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), principal opositor de Balaguer, enfatizó su política de vinculación
con la social democracia europea y experimentó un proceso de desradicalización,
presentándose como una opción viable de poder a nivel electoral. Por otra parte, el
modelo centralizado de desarrollo económico, que suponía un empresariado sumiso,
comenzaba a encontrar obstáculos dentro de la misma clase empresarial que se hacía cada
vez más diversa y mostraba asomos de insubordinación a Balaguer. Por su parte, sectores
importantes de la clase media comenzaron a levantar la reivindicación democrática como
un objetivo importante. En estas nuevas condiciones, las posibilidades de ejecutar un
fraude electoral en 1978 para garantizar el triunfo de Balaguer se redujeron.
El PRD enfocó una campaña electoral en torno a un candidato de perfil conservador
(Antonio Guzmán), que contribuía a derrumbar el mito del radicalismo político
perredeísta. Con una fuerte base social de apoyo construída desde los años sesenta, y un
entorno internacional más favorable, el PRD pudo exitosamente participar en las
elecciones de 1978. El intento de fraude electoral en el conteo de votos generó una crisis
política interna que tuvo eco a nivel internacional, y tanto la Internacional Socialista
como los Estados Unidos, expresaron su oposición al fraude, facilitando así el proceso de
transición política en 1978. La lección política más importante de aquel entonces fue
que, aún en condiciones adversas, el compromiso político era preferible a la imposición
absoluta. Balaguer, después de asegurar una mayoría para su partido en el Senado,
producto de un conteo irregular de votos en varias provincias, aceptó dejar la presidencia.
El PRD, por su parte, decidió asumir la presidencia a pesar de las irregularidades
cometidas en el conteo de votos a nivel provincial. Este “pacto implícito” sellaría la
modalidad política que caracterizaría en años subsiguientes la relación entre los líderes
partidarios en la resolución de crisis políticas.
Conquistas y obstáculos en el proceso democrático dominicano
Los dos gobiernos del PRD (1978-82, y 1982-86) contribuyeron a crear un ambiente de
tolerancia y protección de derechos politicos básicos, a asentar los procesos electorales, y
a profundizar la desmilitarización de la política dominicana. En este período se
adiestraron también en la política de confrontación y negociación distintos grupos
sociales, sobre todo empresariales y sindicales. Pero la crisis económica de principios de
los años ochenta obstruyó la redistribución de la riqueza, tan prometida por el PRD y tan
esperada por amplios sectores de la población dominicana. En el contexto de deterioro
económico de la época, la percepción en incremento de la corrupción gubernamental y las
luchas faccionalista en el PRD, produjeron desconcierto y descontento en la población
dominicana. El resultado a nivel electoral fue que el PRD perdió las elecciones de 1986.
La pérdida de apoyo electoral del PRD durante sus dos períodos de gobierno contribuyó
al triunfo de Balaguer en las elecciones de 1986 con un 40.5% de los votos, cuando sólo
se requería una mayoría relativa para ganar. También se benefició de la impopularidad
del PRD el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que aumentó de manera
significativa su votación, de 9.8% en 1982 a 18.4% en 1986. De esta manera se
estableció a partir de 1986 el tripartidismo en la política dominicana. Los tres grandes
partidos contaban con un líder carismático que le proveía la ideología, el estilo de
liderazgo, y la base social de apoyo a cada organización: Balaguer al Partido Reformista
(luego llamado, Partido Reformista Social Cristiano – PRSC), José Francisco Peña
Gómez al PRD, y Juan Bosch al PLD.
A pesar del peso del liderazgo personalista, estos partidos se constituyeron en entidades
políticas fuertes y estables, que han contribuido a mantener el régimen democrático. Es
decir, la democracia dominicana ha descansado en un sistema de partidos estable, con un
fuerte liderazgo social, forjado en torno a sus líderes históricos. Pocos países en América
Latina cuentan en la actualidad con un sistema de partidos estable como lo ha tenido la
República Dominicana desde 1978. A pesar de sus diferentes dinámicas y estructuras
internas, los tres partidos han logrado mantener no sólo una importante base social de
apoyo, sino también una dirigencia partidaria diversificada. Han accedido todos al poder
y en su haber tienen importantes conquistas y fracasos. Dos factores en particular han
limitado el desarrollo de estos partidos y la consolidación de la democracia dominicana:
1) el personalismo en el liderazgo partidista que ha obstaculizado la democratización
interna de los partidos y la institucionalización del Estado, y 2) el clientelismo político
que ha obstaculizado la modernización y democratización del quehacer politico en el
Estado y la sociedad. Estos dos problemas constituyen un retranque constante en el
proceso democrático dominicano.
El triunfo electoral de Balaguer y su retorno al poder en 1986, generaron inseguridades
políticas dado el precedente autoritario de su anterior gobierno de los 12 años. Las
interrogantes claves fueron si Balaguer garantizaría las libertades públicas conquistadas
durante los gobiernos del PRD, y si mantendría las normas de competitividad electoral
establecidas a partir de 1978. En lo primero, el gobierno de Balaguer mantuvo las
conquistas. En lo segundo, hubo un retroceso importante entre 1986 y 1994. Así, tanto
las elecciones generales de 1990 como las de 1994 fueron disputadas.
En las elecciones de 1990, se presentaron como candidatos de los tres partidos
mayoritarios sus tres líderes indiscutibles: Balaguer, Peña Gómez y Bosch. El deterioro
del PRD durante sus gobiernos, las persistentes luchas faccionalistas en ese partido, y la
declaración tardía de la candidatura de Peña Gómez explican la baja puntuación electoral
(23%) que obtuvo el PRD en el 1990. Los candidatos más votados fueron Balaguer
(35%) y Bosch (33.8%). Balaguer fue declarado ganador y el PLD levantó acusaciones
de fraude electoral, pero su movilización fue limitada, y Balaguer logró la proclamación
de su victoria sin que se produjera una fuerte crisis política, a pesar de las grandes
movilizaciones que por razones económicas y sociales se habían producido entre 1988 y
1990.
La sensación de fraude que dejó la experiencia electoral de 1990 motivó un proceso
importante de organización social y luchas por las reformas democráticas. Surgieron
nuevas organizaciones cívicas con una base de apoyo en las capas medias (el caso más
notorio es el del movimiento cívico Participación Ciudadana), y la asistencia
internacional, sobre todo de Estados Unidos, se hizo presente en los esfuerzos por
democratizar el proceso electoral, tanto en la modernización de la Junta Central Electoral
como en el apoyo a organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en esa área.
Balaguer, por su parte, accedió a pactar con los partidos de oposición en 1992 una
reforma que ampliaba el número de jueces de la Junta Central Electoral (JCE). Así, la
confluencia de un ambiente de reformas políticas, el desarrollo de organizaciones de la
sociedad civil, y el financiamiento internacional para la reforma y modernización
institucional gubernamental y no-gubernamental, contribuyeron a crear expectativas de
que en 1994 se realizarían en la República Dominicana elecciones competitivas y
transparentes.
A las elecciones de 1994 se presentaron nuevamente los tres líderes principales de los
partidos mayoritarios: Balaguer, Peña Gómez y Bosch. La diferencia fue que en esta
ocasión los principales contrincantes fueron Balaguer y Peña Gómez. Al igual que en
1990, las elecciones fueron muy cerradas, con una pequeña diferencia de votos entre
Balaguer (42.3%) y Peña Gómez (41.6%); el PLD quedó en un lejano tercer lugar.
Después de varias semanas de incertidumbre sobre los cómputos finales, Balaguer fue
proclamado ganador. La presión del PRD para que se hiciera un reconteo de votos, las
demandas de la sociedad civil por la transparencia electoral, y la presión internacional,
sobre todo de Estados Unidos que había hecho una inversión importante en el
mejoramiento del procedimiento electoral, llevó a un proceso de negociación entre los
principales líderes de los tres partidos mayoritarios. Estas negociaciones, mediadas por
un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), culminaron con la
firma del “Pacto por la Democracia,” pocos días antes de la toma de posesión de
Balaguer el 16 de agosto de 1994.
El Pacto por la Democracia contempló un conjunto de reformas constitucionales, con un
énfasis en lo electoral. Las reformas más importantes fueron: 1) la prohibición de la
reelección, 2) la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales-
municipales, a dos años de diferencia, 3) la doble vuelta si ningún candidato obtenía más
del 50 porciento de los votos, 4) reformas al sistema judicial, y 5) la doble ciudadanía.
En este pacto, Balaguer también aceptó reducir su período de gobierno de cuatro a dos
años y convocar elecciones presidenciales en 1996. Tanto la adopción e implementación
de estas reformas, como la discusión y aprobación de otras reformas políticas en años
subsiguientes, crearon un ambiente de discusión en la búsqueda por mejorar la
democracia dominicana y la percepción de que la democracia dominicana caminaba hacia
su consolidación.
Un impacto positivo de estas reformas fue crear la sensación de que la democracia
dominicana avanzaba, y que las reformas adoptadas harían el sistema político más
democrático. El aspecto más negativo fue que las reformas se adoptaron
precipitadamente, en función de lo que le convenía en el momento a los principales
partidos políticos, sin incorporar otras perspectivas, y sin pensar cuidadosamente en el
impacto de las reformas electorales para el funcionamiento general del sistema político.
En la práctica, el impacto más positivo del proceso de reforma que se generó en torno a la
crisis electoral de 1994 fue en la transparencia y legitimidad de las elecciones
subsiguientes: las presidenciales de 1996 y el 2000, y las congresionales-municipales de
1998 y el 2002 (aunque en estas últimas elecciones se registraron algunas irregularidades
importantes). Fue ésta la mayor conquista democrática de los años noventa, junto al
nombramiento de una nueva y legitima Suprema Corte de Justicia en 1997, tal cual lo
estableció la reforma constitucional de 1994. El esfuerzo conjugado de organizaciones
de la sociedad civil, las agencias de cooperación internacional, y la capacidad de
negociación (aún muchas veces precaria) de los dirigentes políticos, permitieron estos
avances democráticos a mediados de los años noventa.
Después de 1994 se produjo otro fenómeno importante: el retiro sucesivo de la vida
política de los tres grandes líderes. Juan Bosch fue el primero, al anunciar su retiro de la
vida pública a fines de 1994 debido a su deteriorado estado de salud. En 1998, poco
antes de las elecciones congresionales-municipales de ese año, murió Peña Gómez. En
julio del año 2002 murió Balaguer. El retiro de cada uno de estos líderes tuvo efectos
políticos inmediatos dentro de sus partidos, y también en la dinámica general de la
política dominicana.
Para las elecciones de 1996, el PLD eligió como candidato a Leonel Fernández, quien no
había ocupado cargos de liderazgo importante en su partido, pero había sido el
compañero de boleta a la vicepresidencia de Juan Bosch en 1994. Al establecerse la
doble vuelta en el pacto del 1994, las elecciones de 1996 le presentó a los tres grandes
partidos la necesidad de establecer alianzas. Limitado a participar como candidato por la
prohibición de la reelección establecida en el 1994, Balaguer no ofreció su apoyo
entusiasta en primera vuelta al candidato de su partido, Jacinto Peynado. En buena parte
por esta razón, Peynado quedó en un tercer lugar muy distante de Peña Gómez y de
Fernández. En la segunda vuelta, Balaguer pactó con Fernández para impedir que Peña
Gómez, quien había obtenido la mayor votación en la primera vuelta, ganara las
elecciones. La formación del “Frente Patriótico,” como se le llamó a la alianza entre
Balaguer y el PLD, tomó a la ciudadanía de sorpresa. El PLD había sido un partido con
inclinaciones socialistas, además de que Bosch y Balaguer habían sido fuertes opositores
políticos. Pero la candidatura sin contaminación histórica de Leonel Fernández, y la
posición ahora más pragmática del PLD de llegar al poder, facilitaron aquella impensable
alianza. A Balaguer por su parte, la candidatura de Fernández le resultaba más atractiva
que la de Peña Gómez, un político con un historial de radicalismo y de origen haitiano.
Así, el retiro de Bosch del escenario político, unido al establecimiento de la doble vuelta,
y el débil apoyo de Balaguer al candidato de su partido, facilitaron el ascenso del PLD al
poder en 1996. Con este evento se completaba el ciclo de que los tres partidos
mayoritarios habían gobernado en la República Dominicana durante el periódo
democrático. La formación del “Frente Patriotico” dejó, no obstante, en el ánimo de los
perredeísta y en sectores más amplios de la sociedad dominicana, un sabor amargo. Esta
alianza había impedido que Peña Gómez, el candidato más votado en primera vuelta y
líder de masas del PRD, ganara las elecciones de 1996.
Entre 1996 y el 2000 se produjeron tres procesos diferentes en los tres partidos
mayoritarios: 1) el PLD probaba suerte en el gobierno, 2) el PRD consolidaba su posición
como partido opositor con grandes perspectivas de acceder al poder, y 3) y el PRSC se
estancaba, mientras Balaguer hacía todo intento de mantener una cuota de poder en el
escenario nacional, a pesar de su avanzada edad y deteriorado estado de salud.
La gestión del PLD en el gobierno podría resumirse señalando varios puntos positivos y
negativos. En lo positivo, 1) el gobierno hizo un esfuerzo visible por mejorar la
administración pública, que se hizo notorio en aquellas oficinas que ofrecen servicios a la
ciudadanía; 2) el Presidente Fernández dirigió con efectividad en 1997 el proceso de
nombramiento de la nueva Suprema Corte de Justicia; 3) el gobierno hizo esfuerzos a
través de un diálogo nacional a principios de 1997 por incoporar demandas de diversos
grupos sociales a su gestión gubernativa; 4) se mejoró la calidad del servicio exterior
dominicano; 5) se mantuvo la estabilidad macroeconómica y el país registró altos niveles
de crecimiento económico; y 6) en los últimos dos años, el gobierno hizo grandes
inversiones en obras públicas. En lo negativo, 1) la alianza con Balaguer le imprimió un
sello político conservador al gobierno del PLD; 2) junto con el Partido Reformista, el
gobierno del PLD tomó medidas institucionales que mostraron ignorar el triunfo del PRD
en las elecciones congresionales-municipales del 1998 (el nombramiento de un reformista
en la Liga Municipal y el nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas); 3) el
diálogo nacional de 1997 creó expectativas de una relación más dinámica entre el Estado
y la sociedad civil que posteriormente no se sustentó; 4) el gobierno no desarrolló una
política social efectiva que atendiera los problemas pendientes de desigualdad en la
sociedad dominicana, a pesar de los altos niveles de crecimiento que registró la economía
en esos años; y 5) las grandes obras de infraestructura que realizó el gobierno hacia el
final de su mandato se concentraron en las grandes ciudades, sobre todo en la ciudad de
Santo Domingo. Con un gabinete formado por la dirigencia del PLD, sin lazos
clientelares amplios, y sin una política social efectiva, el gobierno se mostró insensitivo a
los problemas de la población. En un momento de arranque crítico, Balaguer se refirió al
gobierno del PLD como un gobierno de “como solos” (es decir, de gobernar sin
compartir).
El PRD, después de la derrota electoral del 1996, consolidó su posición de partido
opositor, lo cual le facilitó el triunfo en las elecciones congresionales-municipales de
1998, y en las presidenciales del 2000. La muerte de Peña Gómez poco antes de las
elecciones congresionales-municipales, afirmó el voto perredeísta, obteniendo ese partido
una mayoría en ambas cámaras del congreso y ganando en la mayoría de los municipios.
Para el PLD, la derrota en las elecciones de 1998 fue sorpresiva, en especial porque en
ese momento el gobierno peledeísta no mostraba signos de deterioro importante. A partir
de agosto de 1998, con un congreso adverso, la agenda legislativa del ejecutivo perdió la
vitalidad que tuvo en los dos primeros años de gobierno. A partir de fines de 1998, la
popularidad del gobierno del PLD fue agotándose, y la oposición política, tanto de parte
de Balaguer como del PRD, impregnó el país con el simbolismo político del
“comesolismo” peledeísta.
Para las elecciones presidenciales del 2000, el PRD eligió como candidato a Hipólito
Mejía, que si bien no tenía raíces profundas en el perredeísmo histórico, había sido un
protegido de Peña Gómez y su compañero de boleta en las elecciones de 1994. Mejía
logró articular intereses diversos al interior del PRD, que comenzaron a aflorar con fuerza
después de la muerte de Peña Gómez. Además de gestar un apoyo importante en la base
perredeísta, una vez electo candidato presidencial, Mejía tomó medidas importantes para
asegurarse el apoyo de los demás líderes del PRD. Escogió de candidata vice-
presidencial a Milagros Ortiz Bosch, quien había obtenido el segundo lugar en las
primarias del partido y contaba con un amplio apoyo electoral en la ciudad de Santo
Domingo. Otros perdedores pasaron a acupar cargos importantes en la dirección del
partido, y a otros se les prometió posiciones importantes en el gabinete gubernamental de
ganar el PRD las elecciones presidenciales del 2000. Con miras a una campaná electoral
sólida, Mejía también estableció lazos extra-partidos; constituyó el llamado movimiento
ASector Externo”para obtener el apoyo de sectores profesionales y medios no vinculados
al perredeísmo.
Con un candidato débil del PLD (Danilo Medina), un Balaguer enfermo y de edad
avanzada, y un PRD fortalecido alrededor de la memoria de Peña Gómez, Hipólito Mejía
obtuvo casi el 50 porciento de los votos en primera vuelta. Balaguer declaró rápidamente
que no participaría en una segunda ronda, otorgándole el triunfo inmediato a Mejía. Por
lo menos dos razones explican la rápida decisión de Balaguer de reconocer el triunfo del
PRD: 1) el candidato presidencial no era Peña Gómez, a quien Balaguer se opuso en el
pasado por su origen haitiano e inclinaciones radicales; y 2) Danilo Medina, candidato
del PLD, no tenía ni el carisma ni la formación intelectual de Leonel Fernández, lo cual le
hacía menos atractivo para una alianza con posibilidades reales de triunfo. La acción de
reconocer la victoria de Hipólito Mejía evidenció nuevamente la importancia de Balaguer
en la política dominicana, aún ya en el umbral de su muerte.
Es incuestionable que Balaguer jugó un papel central en las alianzas políticas y las cuotas
de poder que se establecieron entre 1996 y el 2002. Lo hizo con frecuencia a expensas de
su partido y de los intereses de muchos de sus líderes, con el objetivo de retener su
posición de líder indiscutible. Esta actitud mantuvo rezagado al PRSC durante esos años
en que los otros dos partidos se dinamizaban. Algunos líderes del Partido Reformista se
beneficiaron de los pactos que estableció Balaguer, mientras otros esperaban la muerte
del líder para luchar por la dirección del partido. Fue sólo después de la muerte de
Balaguer en julio del 2002 que el PRSC comenzó un proceso de reacomodación y
transformación que aún está en desenlace.
El gobierno del PRD
Hay ventajas y desventajas para la democracia en un gobierno de mayoría. Del lado
positivo, lo más importante es la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de formular y
ejecutar políticas públicas con apoyo congresional. Lo más negativo es la facilidad que
tiene un gobierno de mayoría de decidir e imponer políticas que pueden ser perjudiciales
para muchos sectores sociales, sobre todo, aquellos sin vínculos directos con el gobierno.
El gran desafío del gobierno de mayoría del PRD ha sido gobernar con prudencia y
eficiencia, y en ambos frentes el gobierno registra grandes fallos. En primer lugar, el
Presidente Mejía se ha caracterizado por tener un discurso agresivo y muchas veces
insultante, sobre todo hacia personas o medios que critican su gobierno. En segundo
lugar, la existencia de múltiples facciones en el PRD, todas con aspiraciones de poder y
de acceder a los recursos del Estado, ha llevado a un proceso de hiper-politización e
ineficiencia de la administración pública, y a una crisis interna de sucesión del liderazgo.
Y tercero, la creación de una facción política en torno a la reelección del Presidente (el
llamado Proyecto Presidencial de Hipólito - PPH) ha contribuido a alimentar el
clientelismo estatal, ha resusitado la filosofía del continuismo típica de los tiempos de
Balaguer, y ha agudizado la crisis institucional en el PRD. En este entretejer de
clientelismo, pugnas partidarias y proyecto reeleccionista, el gobierno ha ido
sucumbiendo en un contexto de ineficiencia, arbitrariedad, ycorrupción, a pesar de todas
las promesas en contrario durante la campaña electoral.
En oposición a su propio discurso institucionalista, desde su selección como candidato
presidencial, el Presidente Mejía utilizó la distribución del poder y los recursos como
mecanismo para neutralizar las facciones del PRD. Primero lo hizo dentro del partido
distribuyendo cargos directivos sin adherirse a los mecanismos institucionales, y luego en
el gobierno a través del nombramiento de amigos y adversarios partidarios a cargos
públicos. Se creó en la administración pública lo que podríamos llamar “feudos
estatales”en torno a los distintos líderes del PRD en los ministerios del Estado. En ese
proceso de distribución de cargos y aumento de la empleomanía estatal, se olvidó el
proyecto de mejoramiento de la administración pública iniciado en el gobierno del PLD.
Combatir la corrupción fue un tema importante en el discurso de campaña de Mejía. Las
acusaciones contra altos funcionarios del gobierno del PLD se agudizaron en el ocaso de
ese gobierno, y la crítica opositoria de Mejía enfatizaba que restauraría la honestidad en
la presidencia y sometería a los corruptos. La política de combate a la corrupción
siempre ha tenido sesgos políticos en la República Dominicana, y esta vez no era la
excepción. Por un lado, el Presidente Mejía indicó en varias ocaciones que no apoyaba
un sometimiento de Leonel Fernández a la justicia por supuestos actos de corrupción
dada su condición de ex-presidente. Por otro lado, se sometieron a la justicia de manera
selectiva algunos ex-funcionarios del gobierno de Leonel Fernández. (el ex-secretario de
Obras Públicas y directivos del Programa de Empleo Mímino Eventual --PEME). Las
medidas fueron erráticas e irregulares. Pero quizás lo más importante para explicar el
fracaso de la política anti-corrupción del gobierno es que antes de iniciar una ofensiva
honesta en contra de la corrupción (de funcionarios previos o incumbentes), ya el
gobierno de Mejía estaba inmerso en su proyecto reeleccionista, lo cual implicaba
alimentar clientelas con recursos públicos.
En el 2001 se iniciaron debates en el congreso para modificar la Constitución. En torno a
este tema se movilizaron organizaciones de la sociedad civil que procuraban la
celebración de una constituyente para hacer una modificación profunda a la Constitución.
A principios del 2002, el Presidente Mejía recibió un informe de una comisión nombrada
por él con representantes de organizaciones de la sociedad civil para que hiciera
propuestas específicas para la reforma constitucional. Pero después de obtener la
mayoría congresional en las elecciones de mayo del 2002, el Presidente y los legisladores
perredeístas ignoraron las sugerencias de la comisión y se embarcaron en una
modificación constitucional para permitir la reelección. La medida fue aprobada con
facilidad por el Congreso de mayoría perredeista, a pesar de haber sido el PRD un partido
históricamente comprometido con la no-reelección. En la forma unilateral adoptada por
el Congreso, y con las motivaciones inmediatas que tenía la reforma de permitirle al
Presidente Mejía la reelección, ésta modificación constitucional constituyó un retroceso
en el proceso democrático dominicano.
El objetivo central del programa de gobierno del PRD, según lo reafirmó el Presidente
Mejía en un discurso en febrero del 2001, era combatir la pobreza. En ese discurso,
Mejía recordó que había ganado las elecciones ofertando un programa de gobierno que,
en lo esencial, se centraba en la lucha contra la pobreza y la corrupción, por lo que, la
consigna de campaña había sido: el PRD “La Esperanza de la Gente”. No obstante, el
programa económico del gobierno basado en aumento de los impuestos, endeudamiento
externo, y aumento de gastos corrientes ha contribuido a crear una crisis económica con
dos ejes verticales que empeoran las condiciones de vida de casi toda la población: una
fuerte devaluación de la moneda y la inflación.
Para fines del 2002, la confianza en el gobierno de Mejía comenzaba a debilitarse; pero
fue a partir de principios del 2003 que el país entró en una fuerte crisis de confianza. Dos
eventos se conjugaron para producir esta situación: 1) la devaluación fuerte y acelerada
del peso entre enero y julio del 2003 (que pasó de alrededor de 22 pesos por dólar a 35
pesos por dólar), y 2) el escándalo financiero con la quiebra del Banco Intercontinental
(BANINTER). En el año 2003, la economía dominicana entró también en un proceso de
decrecimiento (por primera vez en una década) y una caída de las reservas
internacionales.
En este contexto económico adverso, el proyecto reeleccionista se afianzó al anunciar
Hipólito Mejia que buscaría la repostulación, después de haber dicho en múltiples
ocasiones que no lo haría. Las consecuencias políticas del anuncio de la repostulación de
Mejía son múltiples, pero cuatro son particularmente importantes: 1) el descrédito de la
ética pública – Mejía había reiterado en numerosas ocasiones que no se repostularía y
terminó haciéndolo; 2) el énfasis en el clientelismo como política pública para mantener
acorralada una base social de apoyo; 3) mayor dificultad para administrar eficientemente
la crisis económica, y 4) la agudización de la crisis institutional del PRD en torno a la
selección de la candidatura presidencial para las elecciones del 2004. Muchos líderes
perredeístas aspiran al puesto pero ninguno puede competir en igualdad de condiciones
con Mejía en una convención del partido. En la resolución de esta crisis se han agotado
las energías del PRD mientras el pueblo dominicano se desangra en la crisis económica.
Los riesgos de la democracia dominicana
Desde 1978, la democracia dominicana ha oscilado entre las crisis, el progreso, y el
retroceso. En la actualidad, la democracia dominicana ha entrado en una fase de crisis
fuerte producida por el desequilibrio económico y el proyecto reeleccionista. Se
presentan dos riesgos fundamentales para la democracia dominicana en los momentos
actuales: uno es de percepción política y otro es institucional.
Los datos de las encuestas DEMOS de cultura política muestran que en 1997 y el 2001, el
apoyo a la democracia como mejor opción de gobierno fue alto en la República
Dominicana, alcanzando niveles superiores al 70%, comparables con Uruguay y Costa
Rica. Pero junto con este apoyo a la democracia, la población dominicana mostró un
claro negativismo cuando evaluaba el gobierno, sus instituciones, los partidos politicos, y
el funcionamiento de la democracia. Esto demuestra que si bien la opinion pública ha
mantenido la preferencia por la democracia, existen cuestionamientos importantes en
torno al funcionamiento de sus instituciones. No obstante esta evaluación negativa de los
partidos e instituciones del gobierno, la República Dominicana ha registrado niveles de
participación electoral elevados (sobre 75% en las elecciones presidenciales del 1996 y el
2000), y alrededor de la mitad de la población dice simpatizar por algún partido politico
según las encuestas DEMOS. Esta vinculación partidaria de la ciudadanía y el alto índice
de votación ha generado dinamicidad en la política dominicana, y ha creado esperanzas
en el electorado de que cambiando de gobierno puede mejorar su situación. A su vez,
ésto ha contribuido a alimentar la estabilidad del sistema de partidos politicos, que ha
sido soporte importante de la democracia dominicana. Mientras existan estas condiciones
de esperanza y dinamicidad política y de estabilidad del sistema de partidos, el régimen
politico dominicano podrá experimentar crisis episódicas, incluso fuertes como la actual,
pero no sistémicas; otra sera la situación si desaparecen estas condiciones.
La Tabla 1 (http://memoria.fiu.edu/memoria/documents/espinal.pdf )muestra una tipología creada en torno a tres variables construidas en escalas
con un conjunto de preguntas de las encuestas DEMOS de cultura política realizadas en
1994, 1997 y el 2001. En la tabla observamos un aumento en los grupos que llamamos
“demócratas desencantados” y “alienados.” El aumento porcentual de estos grupos
refleja que del 1994 al 2001 se produjo un mayor desencanto con la democracia
dominicana y una menor participación ciudadana. Es de anotar que la ultima encuesta
DEMOS se realizó en el 2001, es decir, antes de que se agudizara la crisis económica en
el 2003, y antes del anuncio del proyecto reeleccionista. En este sentido, los datos de la
Tabla 1 son aún más preocupantes porque reflejan un deterioro que ocurrió durante “los
años dorados” de estabilidad y crecimiento económico y fortalecimiento institucional.
Actualmente la situación económica es mucho más negativa y se experimenta un mayor
nivel de desorganización institucional en el Estado y en el partido de gobierno.
A nivel institucional, la democracia dominicana enfrenta dos serios problemas vinculados
con el clientelismo y el reeleccionismo. Por un lado, se interrupieron los procesos de
modernización de las instituciones del Estado iniciados a fines de los años 90. Durante el
gobierno del Presidente Mejía ha predominado la desorganización institucional, y tanto la
administración pública como el partido de gobierno han sido invadidos por el
clientelismo político. Por otro lado, la institucionalidad del PRD se ha socavado
profundamente con la creación del Proyecto Presidential de Hipólito (PPH) y la
aprobación de la reelección. De esta manera, faltando pocos meses para la celebración de
las elecciones presidenciales en mayo del 2004, el PRD no ha resuelto el impase en torno
a cómo elegir su candidato/a presidencial. En síntesis, tanto el Estado Dominicano como
el partido de gobierno se encuentran inmersos en un deterioro institucional fuerte que
puede emperorarse o mejorarse en función de cómo se resuelva la selección de la
candidatura presidencial del PRD. Esta situación política, unida a la crisis económica, ha
producido mayores niveles de descontento en la población, que todavía no podemos
medir con datos de encuestas DEMOS comparables con años anteriores, pero que sí es
evidente con la simple observación del sentir de la opinión pública y con los datos
ofrecidos por otras encuestas.
La situación de crisis actual se mantiene sin embargo contenida por varias razones: 1) en
el horizonte la ciudadanía vislumbra las elecciones presidenciales del 2004 como una
opción de mejoría posible; 2) uno de los candidatos presidenciales es el ex-presidente
Leonel Fernández, a quien le tocó gobernar durante los “años dorados” del crecimiento
económico dominicano de fines de los noventa; 3) a pesar de la crisis de sucesión en el
liderazgo que consume al PRD y al PRSC, el sistema de partidos se mantiene aún
relativamente estable; y4) los líderes politicos mantienen todavía vigente la práctica de la
negociación y los pactos ritualistas en los momentos difíciles, como bien se reveló el 8 de
septiembre del 2003, cuando convocados por el gran mediador y negociador de la política
dominicana, Monseñor Agripino Nuñez Collado, el Presidente Mejía y los líderes
politicos del PRD y la oposición acudieron a la firma de un acuerdo para el desarrollo de
unas elecciones transparentes y la discusión de un plan nacional de desarrollo.
En el contexto actual, el proceso electoral del 2004 será una variable central en definir
cuánto y cómo se profundiza o se supera la crisis actual. Un proceso electoral con
irregularidades notorias, bajaría significativamente los niveles de confianza política de la
población, tendría un impacto negativo en sectores económicos importantes como el
turismo, y abriría el umbral de una crisis sistémica de la democracia dominicana. Un
proceso electoral satisfactorio, si bien no removerá en sus niveles profundos el
descontento politico de la población, ni resolverá tampoco los graves problemas de
inequidad social y económica en la República Dominicana, legitimará por lo menos
temporalmente el gobierno electo. Ese gobierno tendrá que escoger entre el camino del
afianzamiento institucional abandonado en los últimos tiempos, o el trillo anti-
democrático del personalismo y el clientelismo. Cuál de estos caminos se escoja influirá
significativamente en el futuro del régimen democrático en la República Dominicana, y
en establecer los parámetros y la naturaleza de la presente y futuras crisis políticas.
En la actualidad, la democracia dominicana no está aún inmersa en una crisis sistémica,
pero existen los elementos claves para producirla: desestabilización económica,
desencanto político, mayor militarización de la política, pugnas en los liderazgos
partidarios, y un proyecto reeleccionista que debilita la gestión administrativa del Estado.
El proceso electoral y su desenlance serán cruciales en empujar la política dominicana a
etapas de nuevos avances o fuertes retrocesos.
Breves reflexiones sobre República Dominicana y Cuba
A partir de 1960 la política cubana y dominicana difieren de manera sustancial. En el
período en que Cuba experimentó el lanzamiento y afianzamiento de un régimen
comunista, la República Dominicana comenzó un proceso débil y angustioso de apertura
política. Este proceso de apertura democrática en Dominicana se fue rutinizando durante
los años 80 y 90. Fue articulado por líderes carismáticos y personalistas– Joaquín
Balaguer en el PRSC, José Francisco Peña Gómez en el PRD y Juan Bosch en el PLD –
que organizaron partidos políticos sólidos y establecieron lealtades políticas en base a
proyectos de nación, ya fuera de tipo conservador como en el caso de Balaguer, o de
izquierda moderada como en el caso de Bosch y Peña Gómez. La similitud dominicana
con Cuba es que Fidel Castro también afincó su fuerte liderazgo político en torno a un
proyecto de nación, en este caso de naturaleza socialista. Todas estas figuras políticas
que definieron la política dominicana y cubana en la segunda mitad del Siglo 20 muestran
liderazgos dinámicos que le han dado contenido ideológico (aún sea controversial) a la
política de ambos países. De estos cuatro líderes, sólo Balaguer y Castro lograron
gobernar por muchos años sus respectivos países, pero sus proyectos sociales se
diferenciaron de manera considerable. Balaguer fue un líder político autoritario, anti-
revolucionario y modernizador dentro de los esquemas básicos del capitalismo
dependiente. Castro, por el contrario, utilizó el autoritarismo para impulsar un proyecto
revolucionario de corte socialista.
Como resultado de estos diferentes perfiles políticos, la sociedad dominicana
experimentó desde los años 60 una importante transformación con la ampliación del
empresariado y las capas medias. Se mantuvieron sin embargo las grandes diparidades
sociales producto de la baja inversión del Estado en los servicios públicos y los márgenes
altos de ganancia a los que se acostumbró el empresariado dominicano en los años del
autoritarismo duro balaguerista. En Cuba no ha habido posibilidad de privatizar la
economía de manera sustancial a través de multiples actividades económicas porque el
régimen de Castro depende del monopolio económico para asegurar su proyecto político
y protegerlo de posibles perturbaciones sociales. Del lado positivo, sin embargo, el
desarrollo humano cubano, medido en entrenamiento y capacidades de la fuerza laboral,
es considerable en el contexto Caribeño. Dicho de otra forma, la hegemonía del Estado
Cubano bajo la dirección de Fidel Castro ha permitido establecer y mantener el control
político de la nación, a la vez que se mantiene cerrada y encerrada la economía, con
ciertas excepciones de apertura al capital internacional.
Utilizando una de las ideas más clásicas de la sociología del desarrollo de que el
surgimiento de una clase empresarial es crucial para el establecimiento de un régimen
democrático, sería justificable especular que la posibilidad de establecer y sostener una
democracia liberal (aún sea de naturaleza limitada) en Cuba es baja, aún después de la
desaparición de Castro. En República Dominicana se logró (de manera precaria aún
hasta la fecha) porque Balaguer a pesar de sus tendencias autoritarias entendió que para
su propia supervivencia política como líder civil autoritario, dependía del establecimiento
de una clase empresarial que lo respaldara.
El desafío principal que enfrenta hoy la República Dominicana en su proceso
democrático se deriva de la manipulación de los recursos públicos que realizan las
dirigencias partidarias cuando ascienden al poder, y del clientelismo con el cual esas
élites partidarias pretenden mantener el apoyo popular. En Cuba, el desafío principal
para un futuro proceso de apertura democrática deriva de la centralización y
concentración del poder político y económico por parte de la clase dirigente que
monopoliza el poder estatal. Para surgir y existir, la democracia liberal necesita de
diversidad y pluralismo en la opciones políticas. En Cuba hay carencia de esas opciones.
En la República Dominicana esas opciones, articuladas en partidos políticos, tienden a
perder su legitimidad ante la ineficiencia y la corrupción estatal que han mostrado
diversos gobiernos en los últimos 25 años